Matías Pedernera Allende es abogado especialista en Derechos Humanos.
El abogado puntano, Matías Pedernera Allende, logró participar el lunes de una sesión especial sobre Derechos Humanos en la sede que Naciones Unidas (ONU) tiene en Ginebra, Suiza. Lo hizo como parte de la ONG “Dominicans for justice and peace” (Dominicos por la Justicia y la Paz), una organización que depende de la orden de los predicadores Dominicos que trabaja a nivel mundial en la protección de los Derechos Humanos y los lleva ante la ONU para que sean tratados por los países miembros.
El joven sanluiseño tiene 28 años y egresó hace cuatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba donde también cursa la maestría en Derecho y Argumentación. Pero hasta el 9 de febrero estará en Génova porque desarrolla otro master titulado “Global Rule of Law and Constitutional Democracy” (Estados de Derecho y Democracia Constitucional) en la universidad de esa ciudad del sur de Italia.
El Diario de la República se comunicó con él y comentó que la invitación la obtuvo “porque soy egresado del Instituto Santo Tomás de Aquino, que es parte de la congregación de los Dominicos. Como estoy trabajando en una tesis sobre los Derechos Humanos y su conexión con el Estado de Derecho, me anoté para cursar esta maestría en la Universidad de Génova y así me pude contactar con los integrantes de la ONG y ellos me invitaron especialmente para observar lo que se denomina examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
El novel abogado explicó que “a esa sesión, que solamente se hacen tres al año, se llevan al menos dos casos de países que presentan inconvenientes o irregularidades en Derechos Humanos. Y una vez presentados, el resto de los países le hacen observaciones y recomendaciones para que pueda superarlos. Digamos que son las actividades donde directamente se puede ver cómo trabajan las representaciones de todos los países miembros para llegar a soluciones y al que sólo acceden ellos, la Cruz Roja y las organizaciones que han sido autorizadas previamente por la ONU; además de la prensa acreditada y nadie más”.
En particular comentó que los dos casos tratados en la sesión del lunes fueron los que atañen a Montenegro y Emiratos Árabes Unidos: “Sobre Montenegro se trató el problema de la no prescripción de los crímenes de guerra que se cometieron durante la década del noventa cuando desapareció Yugoslavia. También cómo pueden mejorar el status legal de las minorías como los gitanos y un caso de corrupción que afecta al ministro de Justicia de ese país que debe ser juzgado según leyes internacionales”, explicó.
Respecto de los Emiratos Árabes señaló que “si bien es el más avanzado en la legislación que protege los Derechos Humanos, culturalmente todavía mantiene muchas restricciones, por ejemplo para las mujeres, que no pueden decidir libremente con quien casarse, ni tampoco acceden al servicio de Justicia. Lo mismo sucede con los niños, ya que es un país que no adhirió a la Convención del Niño y los Adolescentes. Pero además, se trató la restricción a la libertad de expresión y prensa que todavía se ejerce a través de su código penal”.
También contó que después de esta experiencia “la idea es empezar a trabajar en conjunto con la ONG y poder presentar un caso sobre algún derecho humano en particular que esté siendo vulnerado, o bien estudiar los problemas que tienen los países que ellos monitorean como El Congo y Burundi; y así presentarlos en una de las sesiones ordinarias del Consejo. Porque lo más importante es que después hay que hacer un seguimiento y conseguir que a través de Naciones Unidas se produzcan los cambios que esas sociedades están reclamando”.
Fuente: El Diario de la República
