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San Luis reclamará por los fondos que la Nación le debe por alojar a presos federales

Son $9 millones adeudados de los que no recibe respuestas. Además exigirá actualizar el convenio. Si la provincia no cobra podría trasladar la gente a otras cárceles.

Cansado de esperar por el cumplimiento de los compromisos asumidos con anterioridad, una vez más, el Gobierno de San Luis hará un reclamo al Estado nacional por dineros adeudados. En esta ocasión se trata de $9 millones que la administración Macri tiene pendientes con la provincia por el alojamiento de presos federales en la penitenciaría puntana. Los encargados de exigir los fondos públicos serán los ministros de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, y su par de Seguridad, Ernesto Nader Alí, quienes se reunirán el jueves con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.

La audiencia se desarrollará en la sede de esa cartera -en la calle Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires- a partir de las 16. De no prosperar, San Luis no descarta trasladar los presos a otras cárceles cercanas.

El problema radica, otra vez, en la falta de respuestas que esgrime el gobierno nacional a los reclamos que San Luis hace por sus dineros públicos. Ahora van vinculados al servicio que Casa Rosada debería pagar por la contención, alojamiento y alimentación de los 70 presos (condenados y procesados) por delitos  federales que la provincia aloja en la penitenciaría.

La gran mayoría de esas personas están en la cárcel por delitos de lesa humanidad o tráfico de estupefacientes. La Nación, al no contar con prisiones federales en todas las provincias, hace convenios con sus gobiernos y aloja allí a sus presos. Los distritos del interior les brindan un pabellón específico dentro de sus complejos carcelarios y el Estado nacional paga un aporte mensual por cada uno de esos ciudadanos.
El dilema con San Luis radica en que hace mucho tiempo que no recibe dinero nacional por este servicio y la deuda llegó a los $9 millones.

Una y otra vez, los funcionarios puntanos han reclamado el pago, pero no hubo respuestas.

Cuando el rojo llegó, hace un par de años, a los $8 millones hubo un único giro hacia las arcas puntanas. Pero nunca más se repitió y ahora la deuda tocó los $9 millones.

A su vez, el fastidio sanluiseño es mayor porque hace tiempo que pide una actualización de los convenios con el Ministerio de Justicia de la Nación. El monto que pagan por el alojamiento y alimentación de los presos apenas supera los $100 diarios.

Pero, según fuentes gubernamentales, la provincia gasta mucho más. De ahí las ganas de revitalizar los acuerdos y fijarles valores más cercanos a los costos actuales. El año pasado, durante el último Consejo Federal de Justicia que se realizó en Salta, el ministro Mones Ruiz hizo público ese pedido frente a Garavano. A ese reclamo adhirieron otras provincias.

Al contrario de otros de sus compañeros de gabinete, el ministro de Justicia concedió la audiencia a los funcionarios sanluiseños ni bien la solicitaron. La idea puntana es acordar un plazo único para que la Nación pague lo que debe y tras ello firmar un nuevo contrato.

Pero a diferencia de otras negociaciones entre ambas administraciones, al parecer, San Luis tendrá la paciencia corta: si la reunión del jueves no prospera o la Nación no respeta el plazo que se pacte en ese cónclave, la provincia no descarta trasladar los presos federales a otros distritos cercanos que posean convenios con la administración Macri.

No hay dudas de que la casi eterna paciencia puntana se terminó. Y el mensaje es claro: basta de cháchara.

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