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Impulsan un proyecto alternativo más moderado para destrabar el debate sobre el aborto en el Senado

Fue presentado ayer por tres senadores cordobeses. Baja el plazo para interrumpir el embarazo de 14 a 12 semanas, agrega la objeción de conciencia institucional y que el Estado produzca misoprostol

Al igual que en la Cámara de Diputados, la discusión por el aborto legal en el Senado se define voto a voto. La balanza hoy está inclinada por el rechazo, con 31 legisladores en contra y 28 a favor. Ante este clima de final incierto, tres senadores de Córdoba ingresaron ayer al Senado un proyecto alternativo más moderado, que introduce algunos cambios a la iniciativa original. Creen que así se podrá lograr la sanción definitiva del Congreso.

Impulsada por los cordobeses Carlos Caserio (PJ), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Cambiemos), el núcleo de la propuesta legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero establece como límite la semana 12 de gestación. El texto votado por la Cámara Baja había fijado el tope para abortar en la semana 14.

Sin embargo, lo fundamental de este proyecto es que recoge los planteos de las clínicas privadas y algunos médicos. El nuevo texto añade la posibilidad de que los hospitales puedan ser objetores de conciencia «institucional».

Hasta ahora, el proyecto original resguarda la voluntad de los médicos que, por sus creencias personales y en tanto individuos, rechazan el aborto. Con la modificación, se incorpora a los centros de salud con ideario religioso o confesional.

«Las instituciones de salud privadas podrán formular su objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual deberán previamente informar al Ministerio de Salud de la Nación tal circunstancia a los efectos de que quede registrada tal decisión y en consecuencia queden exentas de la aplicación de las sanciones contenidas en la presente ley», dice uno de los artículos de la propuesta.

Otro aspecto relevante es que los cordobeses proponen eliminar las penas a los médicos que dilatenobstaculicen o se nieguen a realizar prácticas abortivas. El texto votado en Diputados reprime con una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a quien tenga una inconducta.  Es uno de los puntos más controversiales, ya que implica afectar el acceso a la salud de las mujeres.

Además, el proyecto incluye el punto del financiamiento del IVE. El texto añade que haya una partida presupuestaria específica para el tema y sea compartida entre las provincias y el Estado nacional. La media sanción no daba detalles de cómo iba a quedar afectado el erario público.

Carlos Caserio es presidente del PJ cordobés. Es uno de los impulsores de los cambios al proyecto votado en Diputados.

Carlos Caserio es presidente del PJ cordobés. Es uno de los impulsores de los cambios al proyecto votado en Diputados.

En este sentido, se agrega la posibilidad de que el Gobierno contemple la producción y envío a los hospitales públicos de Misoprostol, uno de los medicamentos que permiten realizar abortos ambulatorios en las primeras semanas de gestación. El precio de estas píldoras hoy llega a los 3.300 pesos, un costo restrictivo para los hogares de menores ingresos.

Otra votación pareja

A 19 días del tratamiento del proyecto en el recinto, se espera que el debate tenga alto voltaje como en la Cámara baja. Quienes rechazan el aborto se encuentran a tan solo 5 votos de imponer su voluntad. Otros, como los cordobeses Machado, Martínez y Caserio, condicionan su resolución final a que se introduzcan cambios a la iniciativa original.

«Cualquier postura le va a costar obtener la mayoría. Cualquier posición minoritaria pero sensata que trabaje para el consenso y para mejorar el proyecto, como creemos que es la nuestra, debe terminar siendo una alternativa para los grupos que no juntan los votos», señaló Caserio ante un medio local cordobés.

Laura Rodríguez Machado integra el bloque de senadores de Córdoba que proponen cambios.

Laura Rodríguez Machado integra el bloque de senadores de Córdoba que proponen cambios.

En caso de que prosperen las modificaciones, el texto «revisado» y votado por el Senado debería volver a la Cámara de origen, a Diputados, para que se apruebe la ley. Los legisladores pueden aceptar los cambios o insistir con la versión original, con la misma mayoría con la que se resolvió en la Cámara alta, en este caso, la mitad más uno de los presentes.

La ingeniería legislativa no es sencilla. Quienes están del «lado verde» del debate se encuentran en una disyuntiva: especular con un último sprint que junte los votos necesarios como sucedió en Diputados, con el riesgo de sufrir una derrota, o bien lograr los votos que faltan cediendo en algunos puntos con los legisladores moderados.

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