Policiales Provinciales

«Operación Hereford»: pidieron la excarcelación de 4 procesados

Además, las defensas apelaron el procesamiento dictado por la jueza Virginia Palacios.

La defensa de los cuatro primeros procesados en la investigación bautizada «Operación Hereford» por el robo de medio millar de vacunos de la hacienda del productor agropecuario Julio César Vergés, en Villa General Roca, apeló la resolución de la jueza Penal 3, Virginia Palacios, y solicitó que sean excarcelados, ya que la magistrado había dispuesto su prisión preventiva y están alojados en la Penitenciaría provincial.

Consultados por El Diario, los abogados Omar Uría y Rafael Berruezo confirmaron que hicieron las respectivas presentaciones. El primero representa, junto al penalista Jorge Sosa, a los productores agropecuarios José Alberto Chiotti y su hijo, de igual nombre, y al empleado rural Pablo Escudero; el segundo defiende al transportista Luis Alfredo Pereyra junto al abogado Nicolás Coppola.

La defensora oficial Penal, Nadia Agundez, aún no ha formalizado ningún planteo. De todos modos, los tiempos son distintos para ella: los dos detenidos a quienes asiste, los empleados rurales Benito Nicolás Quinteros y Gilberto Miranda, fueron procesados el viernes pasado, es decir, dos días después que los otro cuatro sospechosos.

Uría, ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, refirió que apelaron el procesamiento –es por «abigeato agravado en concurso con asociación ilícita”– y que, si la Justicia le hace lugar al recurso, tienen luego cinco días hábiles para presentar los fundamentos.

A la excarcelación la pidieron sobre la base de que sus tres clientes «están arraigados acá, tienen domicilio y familia aquí, es decir, todo lo que requiere el Código de Procedimiento», contó.

Sobre los otros argumentos que dará en caso de que le concedan el recurso de apelación, no quiso entrar en detalles. «Es muy largo, es para hablar por horas», dijo. ¿Sostienen que sus defendidos no han cometido delito alguno?, le consultó este medio. «Lo dice la misma juez en la resolución, son todos indicios, no hay prueba directa», contestó.

Más allá de que hace ya una semana que presentó la apelación, el penalista Rafael Berruezo solicitó que suspendan el plazo, y que resuelvan antes el pedido de excarcelación. «Hoy (por el miércoles) le corrieron vista al fiscal (3, Esteban Roche). Estimo que quizá la semana que viene ya habrá novedades», presumió.

Las razones que esgrimió para la solicitud de excarcelación son parecidas a las de la otra defensa. «Pereyra es de San Luis; ha vivido toda la vida en la provincia; no ha obstaculizado la investigación, inclusive sabiendo de ella; y no tiene antecedentes», enumeró.

Respecto de la apelación, dijo que la jueza Palacios se basó en tres puntos a los que contestará. «Pereyra no tiene una innumerable cantidad de bienes –lo contrario sería un indicio de que ha obtenido rédito económico como integrante de la presunta asociación ilícita–. No ha habido adulteración de documentos. Y no hay escuchas telefónicas de él. Sí lo mencionan en dos o tres, en conversaciones entre Chiotti padre e hijo», refirió. Y aseguró que de ninguna de las escuchas surge, de modo explícito, la comisión de algún delito. «No dicen ‘escondé la documentación’, o ‘adulterá’, o ‘robá esos animales’. Quizás haya robo de ganado en San Luis. Pero la Policía se equivocó respecto a quién investigar», consideró.

En la conferencia de prensa que dio el pasado lunes en su despacho, la jueza Palacios contó que cuando hacía personalmente una constatación en las oficinas de Senasa por esta causa, se sorprendieron al advertir que uno de los empleados de ese organismo le hacía, durante esa medida, un llamado telefónico al transportista, para decirle que los investigadores pedían información de él y le aconsejaba «que abriera el paraguas». Pudieron establecer que así era gracias a que ya estaban haciendo escuchas directas, lo que permitió saber prácticamente al instante de la comunicación y de su contenido.

«Cuando oía la escucha directa, sentía mi voz de fondo», recordó la magistrado, ya que ella estaba ahí mismo, en Senasa. «No tengo presente que esa comunicación esté en el auto de procesamiento –dijo Berruezo–. Quizá no la valoró. Y tampoco están expuestas las razones para dictarles la prisión preventiva a todos».

Es posible que, en igual sintonía que los otros defensores, Agundez también apele y que solicite la excarcelación, más allá de que, en una entrevista precedente, aclaró que, si se considera la escala de penas que tiene la figura por la que fueron procesados Quinteros y Miranda –abigeato agravado, castigado con prisión de 4 a 10 años–, no sería procedente, ya que el mínimo supera lo que la ley exige, que son tres años.

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