Policiales Provinciales

Le harán pericias psicológicas al violador del cementerio

Fue trasladado ayer de Mendoza a Villa Mercedes. El lunes tendrá una audiencia con la jueza.

El traslado de Gerardo Hilario Ortega, desde Mendoza hasta Villa Mercedes, estaba previsto para este viernes; al igual que la audiencia cara a cara entre el hombre y la jueza que definirá su destino después de analizar el fallo que lo declaró culpable. Fue condenado por violar a una joven en el cementerio municipal de Villa Mercedes, por disposición de otra jueza. Debido a la gran cantidad de medidas que se deben llevar a cabo en los próximos días, de esas actividades previstas solo pudieron realizar una, el viaje. Sin embargo, la Justicia logró avanzar en otro punto: hacerle pericias psicológicas y psiquiátricas al violador.

Por eso, la audiencia de visu prevista fue reprogramada para el lunes, informó Gabriela Campana, la vocera de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Segunda Circunscripción. Después de que esa audiencia suceda, la responsable del Juzgado de Familia y Menores 1, Mariana Sorondo Ovando, hablará con los medios, anticipó la vocera.

Ayer a la mañana, una comisión del Departamento de Asuntos Judiciales de la Unidad Regional II viajó hasta Mendoza, con un exhorto de la magistrada para el juez de turno en San Martín y una orden de extradición. El abusador llegó a Villa Mercedes alrededor de las dos y media de la tarde, informó el comisario general Oscar Contrera, jefe de la Regional.

El hombre fue condenado después de dos semanas de debate oral, el 23 de abril de 2013 por la Cámara Penal 1, por el delito de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal». Pero en enero de 2008, cuando ocurrió la violación, Ortega era menor. Por eso, el tribunal solo pudo resolver acerca de su responsabilidad en el hecho, pero no pudo imponerle una condena. Eso último dependería de la jueza de Familia y Menores 2, en aquel momento Silvina Verónica Lafuente.

La magistrada consideró que Ortega ya estaba recuperado, había logrado «resocializarse», por lo que enviarlo a un penal sería contraproducente, y resolvió liberarlo. Esa disposición de Lafuente casi le valió su puesto un año después, cuando el jurado de magistrados la enjuició. Aunque aquella vez logró zafar de la destitución, no pasó lo mismo este año, cuando fue acusada por mal desempeño en otras causas y fue removida de su cargo en marzo.

Lafuente tuvo en cuenta dos informes, básicamente, para argumentar su decisión de liberar al violador. Uno se trató de la encuesta socioambiental hecha en setiembre de 2011, en el entorno del joven. Esa evaluación mencionaba que Ortega cumplía con la escuela secundaria, donde tenía buena conducta y un rendimiento académico sobresaliente; también que había hecho cursos de gasista y soldador, y se había alejado de las drogas por completo.

El segundo reporte se lo comentó por teléfono Fernando Yáñez, el sacerdote que estaba al frente del instituto de menores de Mendoza, donde el acusado había estado. El religioso le dijo que el joven se había comprometido a cambiar, a abandonar su conducta delictiva y, en esos tres años de internación, lo había conseguido. Para Yáñez, mandarlo a una cárcel significaría, entonces, «crear un delincuente».

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