El gobierno de La Libertad Avanza eliminó beneficios que Alberto Fernández había otorgado a cooperativas de movimientos sociales y asegura que el 55% de los comedores relevados “no existen”.

Eduardo Belliboni líder del Polo Obrero y Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa ya lo habían advertido en diálogo con Infobae: el de hoy no iba a ser un “piquetazo nacional más”.

Los dirigentes adelantaron que estaban dispuestos a enfrentarse con las fuerzas federales si no los dejaban ingresar a la Ciudad de Buenos Aires para marchar frente al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a quien le reclaman bajas en los planes sociales y alimentos para los comedores comunitarios. Y eso finalmente sucedió. Detrás de la violenta marcha de hoy, hay intereses y necesidades que merecen ser contadas.

Gas pimienta, quita de poder y desfinanciamiento

En varios puntos geográficos que dividen el territorio bonaerense con CABA, como Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, General Paz y Ruta 3 y General Paz y Rivadavia, en los alrededores del barrio porteño de Liniers, hubo corridas, palazos, gas pimienta, piedrazos y heridos. Los piqueteros no lograron ingresar, a menos de manera masiva y como estaba previsto a CABA.

La mayoría debió quedarse detrás de la línea imaginaria que divide la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof no adhiere a la norma. Con sus más y con sus menos, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, impuso su Protocolo Antipiquetes y la Avenida 9 de Julio no sufrió interrupciones. De todos modos, los ingresos a CABA se vieron restringidos.

Los hechos violentos fueron protagonizados en medio de la anunciada jornada de 500 cortes convocada por la izquierda y movimientos sociales alineados con el kirchnerismo y otros sectores gremiales, por lo general, disidentes a la CGT. Es en reclamo por la emergencia alimentaria y contra el ajuste a la economía popular.

Detrás de esta movilización – que no fue no fue impactante como otras, aunque sí importante – hay temas de fondo que van más allá de la falta de alimentos que desde noviembre no llegan a los comedores y merenderos comunitarios que dependen de las organizaciones que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y piqueteros de izquierda.

Hasta la llegada de La Libertada Avanza a la Casa Rosada, los principales dirigentes sociales y kirchneristas, alineados con el entonces oficialismo, ocupaban de manera personal, o a través de colaboradores cercanos, los principales espacios de poder desde los cuales se “tercerizaba” la asistencia social para los afiliados propios.

Las personas, por razones de necesidades extremas, obtenían un plan social, como el Potenciar Trabajo, realizando tareas, a través de cooperativas, fundaciones, u organizaciones civiles que oficiaban de Unidades de Gestión. Es decir, emprendimientos laborales cuya asistencia y efectividad eran controlado por los propios dirigentes que, desde sus cargos en el gobierno de Alberto Fernández recibieron, solo en 2023, $17.183.910.509.

La millonaria suma fue girada a 281 Unidades de Gestión. La ministra de Desarrollo Social de entonces era Victoria Tolosa Paz. Y el que autorizó que las partidas fueran a esos emprendimientos fue, entre otros, Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, y ex secretario de Economía Social. Él era quien administraba el Potenciar Trabajo.

De esos $17.183.910.509, exactamente 144 cooperativas recibieron $11.925.954.904.La mayoría de ellas estaban vinculadas a la UTEP. Entre ellas del Evita, Somos/Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y, entre otras, del Frente Popular Darío Santillán. En menor medida a organizaciones de izquierda.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y Julio Cordero, Secretario de Trabajo y quien manejara el programa Volver a Trabajar

También fueron beneficiadas 110 ONG´s, varias vinculadas a las organizaciones sociales que hoy estaban en la calle protestando como: “Néstor Vive”; “Fundación al Gran Pueblo Argentino Salud”; “Asociación de Trabajadores de la Economía Popular” y, entre otras “Seamos Libres”. También recibió beneficios por $55.050.000 la Asociación civil Mujeres del Evita, otra de las organizaciones vinculadas a los movimientos sociales.

Pettovello no solo decidió dejar de enviar esa fortuna a emprendimientos que, según el gobierno, eran utilizados por la dirigencia piquetera para “extorsionar” a los beneficiarios. Según esta denuncia, les tomaban presente en las marchas a las que eran obligados a asistir. Si no, les ponían ausente en las planillas y no cobraban. “Eran gerentes, intermediarios de la pobreza”, los llamó Javier Milei.

La ministra de Capital Humano decidió dar de baja al Potenciar Trabajo y lo sustituyó en dos nuevos programas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. El primero quedará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo; y el segundo en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Todo bajo el organigrama de Capital Humano.

La “motosierra” de Milei también se sintió en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el instrumento utilizado para urbanización de barrios populares que era gestionado por Fernanda Miño, una dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como referente a Juan Grabois. Buena parte de esas obras se realizaban contratando -por una resolución de Alberto Fernández- a través de cooperativas de trabajo de los movimientos sociales agrupados en la UTEP.

La Libertad Avanza resolvió desfinanciarlo y reducir el aporte que recibe el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), casi al mínimo.

El fideicomiso fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de asentamientos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Las cooperativas de la UTEP recibieron casi 84 mil millones de pesos para realizar esas obras muchas de las cuales quedarán paralizadas por falta de fondos. Por este hecho también reclamaban hoy.

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Desde Capital Humano también decidieron quitarles a las organizaciones sociales la distribución discrecional de alimentos secos a sus comedores y merenderos. Era el 4,2% de los alimentos secos. De ese monto, solo rendían cuentas del destino final de la comida el 8%. En una auditoría de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -continuadora de la ex cartera de Desarrollo Social- se afirma que del otro 92% se desconoce el destino y la cantidad de personas a las que se asistió. También que el 55% de los comedores y merenderos relevados de manera directa “no existen”.

Pettovello ya anunció que se mantendrá firme en su decisión de seguir auditando la gestión anterior, tal como ordenó Milei y no dialogar con los dirigentes sociales mientras mantengan las medidas de fuerza. En paralelo anunció un cambio de modalidad en la manera de comprar los alimentos. La gestión anterior lo hacía, según una auditoría, de manera no trasparente. Se descubrieron sobreprecios de entre 200 y 500% y con una “cartelización” en un pequeño grupo de empresas.

La ministra resolvió que la “ayuda directa” a los comedores ya no se realizará a través de los dirigentes sociales y piqueteros, sino a través del Programa Alimentar Comunidad. Una tarjeta prepaga a la que se le transferirán fondos a los responsables “de los comedores debidamente acreditados” para la adquisición de los alimentos que necesiten. Para continuar con el beneficio habrá que rendir los gastos.

El gobierno de Javier Milei anunció que no claudicara en este tipo de controles ni de “beneficios discrecionales” que recibían los piqueteros. Por esa pulseada se explica la tensión en las calles, como la que se vio en el día de hoy.