Las Universidades Nacionales de San Martín y de Hurlingham elaboraron un informe que refuta los argumentos utilizados por el Gobierno de Javier Milei y sus seguidores en contra de la educación pública.

El trabajo se basa en datos divulgados por el Ejecutivo a través de diversos organismos, como los anuarios de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y los informes de la actual Secretaría de Educación de la Nación.

Desde la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se difundió este trabajo para aclarar los cuestionamientos que se hacen sobre las casas de estudio. Los detalles se presentaron bajo el título “Mentiras y verdades sobre las universidades públicas”.

“Mentiras y verdades sobre las universidades públicas”

“Es falso que las universidades inventen estudiantes para cobrar más fondos”, señala el reporte y explica: “En Argentina, el presupuesto universitario no se asigna a las universidades en función de la cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y se consideran varios componentes, como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión en ciencia y tecnología”.

Asimismo, se desestima la afirmación de que “los pobres no están en las universidades”. En este sentido, se indica que el 48.5 % de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 se encuentran por debajo de la línea de pobreza (EPH – INDEC). Casi siete de cada diez alumnos de los millones que integran el sistema universitario público argentino provienen de familias cuyos padres no asistieron a la universidad.

Además, se refuta la idea de que los gastos de las universidades no se auditan. “Los gastos se componen en un 90 % de salarios (registrados) y un 10 % de gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden”, detalla el informe.

También añade: “Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking elaborado por la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Cuentan con auditorías internas y externas del Congreso de la Nación, además de evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses, entregan al Ministerio de Capital Humano su información sobre personal y presupuesto”.

La cuestión salarial y la Ley de Financiamiento

El informe, además, considera “falsa” la afirmación de que los salarios de los trabajadores universitarios superan al resto del sector público. “Los trabajadores universitarios han perdido más que cualquier otro asalariado desde diciembre de 2023, incluso más que los empleados públicos del Estado Nacional. Más del 85 % de los docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, y más del 60 % de los nodocentes se encuentran en la misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios durante 2024 ha sido de más del 30%”, sentencia.

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Por último, se argumenta que la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por Milei, no atenta contra el equilibrio fiscal. “La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esto es similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir al reducir los bienes personales, una medida que benefició a sectores de altos recursos. Además, ese 0,14 % se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”.