Una investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás acumuló numerosa prueba en un caso de contaminación por el vuelco al río Paraná de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento, lo cual se considera “un riesgo para la salud de la población”

La planta que debería realizar esa tarea está inactiva desde hace al menos 30 años, según surge de la investigación iniciada hace dos años.

El Juzgado Federal de San Nicolás ordenó ahora la declaración indagatoria del intendente de la ciudad bonaerense de San Pedro y de otros cuatro funcionarios y exfuncionarios de su gestión en una causa en la que se investiga una contaminación ambiental.

Altos niveles de contaminación

La medida fue dispuesta tras el requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Di Lello, en el marco de una investigación penal iniciada hace dos años, en la que se constataron altos niveles de contaminación en el frente costero de San Pedro, localidad que hace al menos 30 años tiene inactiva su planta de tratamiento de efluentes cloacales, según informó el sitio fiscales.gob.ar.

La fiscalía contó además con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), cuyo titular es el fiscal federal Ramiro González.

Las indagatorias fueron ordenadas por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo. Los imputados son el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar; el secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Mariano Brañas.

También serán indagados el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; el exsecretario de Obras Públicas, Javier Silva; y el exsecretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, los dos últimos con mandato cumplido en diciembre de 2023.

Delitos

De acuerdo a los elementos y pruebas que recopiló en su investigación, el fiscal Di Lello consideró que los imputados deberán responder por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con contaminación ambiental”.

El caso y una problemática regional

La causa se inició el 13 de diciembre de 2022 a raíz de una investigación vinculada al vertido de efluentes con sustancias peligrosas en el río Baradero que llevó a cabo el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas.

El fiscal dispuso realizar una pericia sobre muestras tomadas aguas arriba del tubo de descarga de la firma Ingredion Argentina SA (ubicada en Baradero) la cual arrojó como resultado niveles superiores a los límites establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires.

Pero los responsables de ese estudio alertaron acerca de que el agua de río ya bajaba con un grado de contaminación fecal. Es decir, una descarga cloacal anterior a la de la industria.

En función de ese dato, la fiscalía ordenó ampliar las tareas investigativas al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), tendientes a identificar “el origen de los coliformes fecales” hallados en las muestras tomadas en Baradero.

El grupo especial de la PFA se trasladó al límite de Baradero con San Pedro para obtener muestras en la confluencia del río Paraná con el río Paraná de las Palmas.

Pericias

El resultado de ese análisis fue superior al límite permitido de coliformes fecales termotolerantes, y dieron positivo para la presencia de bacterias de escherichia coli.

Tres estudios revelaron valores superlativos en cuanto a la presencia de coliformes fecales y se pudo constatar que San Pedro “no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales”.

En virtud de ese resultado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso enviar la causa a su colega de San Nicolás para que se investigue la posible contaminación del río Paraná advertida a la altura de San Pedro.

El juzgado de San Nicolás aceptó la competencia, y la investigación fue asumida por el fiscal federal Di Lello, quien solicitó varias medidas a la División Delitos Ambientales de la PFA.

Medidas de prueba

En primer lugar, pidió que se identifique e inspeccionen los vuelcos de efluentes cloacales en todo el frente costero de San Pedro, relevar e informar si existía alguna anormalidad, que se establezcan las ubicaciones exactas de los puntos de vuelco, y obtener muestras líquidas aguas arriba y abajo. También, que se localicen las plantas de tratamientos de efluentes de cloacales.

El 9 de enero de 2023 se tomaron muestras de un vuelco pluviocloacal ubicado en inmediaciones del puerto de San Pedro. De igual modo, se procedió en cercanías del Museo del ARA Irigoyen (en el cruce de las calles Reinaldo Ansaloni y Juan de Garay) donde se halló un ducto con caudal constante de vertidos que emanaban olores nauseabundos.

El resultado de laboratorio de esas muestras fue coincidente respecto a evidenciar que los valores de DQB (demanda química de oxígeno) y sólidos sedimentables estaban por fuera del parámetro establecido por la Resolución ADA 336/03.

La causa acumuló un informe de la Dirección de Control Técnico de la ADA sobre los expedientes administrativos relacionados a las plantas de tratamiento de efluentes cloacales.

 En ese sentido, un monitoreo realizado el 28 de febrero de 2023 sobre los líquidos que fluyen al río Paraná sin paso previo por la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, concluyó que “no cumple con las normas de calidad acordes al marco regulatorio vigente”.

Y confirmó que la planta depuradora está totalmente desafectada de servicio, por lo que el líquido cloacal es conducido por un bypass que llega al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto.

Esa situación “se agrava por la probable derivación de parte de efluente cloacal al sistema pluvial, con la consecuente descarga en otros puntos del río agua arriba”, agrega el informe.

En el marco de las múltiples medidas adoptadas por la fiscalía, se notificó al municipio sobre los resultados de esos estudios, y se solicitó que informe sobre los planes de acción, fuentes de financiamiento y plazos tendientes a la implementación de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales dentro de los límites impuestos por la normativa vigente.

En 41 años se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones vinculadas con el tema, pese a lo cual, nunca se volvió a poner en funcionamiento la planta depuradora.

Fuente: Justicia de Primera