La jueza Loretta Preska había decidido que el país no debe depositar el monto total de la sentencia en contra —más de USD 16.000 millones—, pero ahora fijó fecha hasta el 10 de enero de 2024 para presentar activos como garantía en la causa.

Muy rápido, el nuevo gobierno de Javier Milei tendrá que tomar decisiones sobre la multimillonaria causa de la expropiación de YPF.

Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, en EEUU, la misma que entiende en la causa por la expropiación de la petrolera de bandera, fijó fechas límites en enero de 2024 para que el nuevo gobierno decida qué caminos tomará en el juicio por el que Estado nacional ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones por mala praxis expropiatoria del gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.

La magistrada exigió que se presenten una “apelación expedita” –a fines de enero– y una serie de avales económicos –antes del 10 de enero– para que Argentina evite embargos millonarios de sus activos en el exterior.

La semana pasada, Preska se había pronunciado en favor de un requerimiento de los abogados del Estado y accedió a que el país no deposite esa sideral suma de dinero, pero le ordenó que Argentina deberá aportar otros activos como garantía para evitar embargos. Esos avales los debe consensuar con su contraparte, el ganador del juicio: el estudio de abogados inglés Burford Capital.

La sede de YPF en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

En resumen, Preska le da poco más de un mes de tiempo al nuevo Gobierno de Javier Milei para que decida el rumbo de la causa. Aún se desconoce quién será el procurador del Tesoro, el abogado del Estado local, en la nueva administración libertaria.

“La jueza le está dando algo de tiempo a la nueva administración para diseñar su estrategia legal y decidir qué van a hacer. Algo de tiempo, pero muy poco, hasta enero. En rigor está poniendo las cosas difíciles porque ahora el Estado –este gobierno o el que viene– tendrá un mes y medio para ver qué activos pone como garantía y consensuarlos con Burford; al mismo tiempo que deberá definir si realmente vale la pena una apelación rápida. El gobierno actual, desde hoy, se desligó del caso YPF. Se lo sacó encima. Culminaron cuatro años nefastos en términos legales, pero la decisión sobre una apelación express y la presentación de avales quedará en manos de Milei. ”, detalló en diálogo con Infobae, Sebastián Maril, de Latin Advisors.

“Todo activo del Estado que Argentina quiera poner como garantía, si es que Milei decide hacerlo, tienen que pasar por el Congreso. Entiendo que no se pueden poner acciones de YPF, Radio Nacional, Aerolíneas o bifes de chorizo si el Congreso no lo aprueba. Y el próximo Congreso estará muy dividido. Argentina puede apelar, pero para evitar embargos tiene que hacer esto. La apelación express tiene de bueno que evita embargos, pero acota los tiempos del proceso, de 90 a unos 35 días”, detalló el especialista.

“Yo le diría a Milei que no ponga activos porque va a ser un lío legislativo. Creo que se tiene que sentar a hablar con Burford para negociar, no son holdouts como Elliot Management en MLN Capital, Paul Singer. No quieren embargos sí o sí, pero esperan negociaciones, que se demuestre algo de compromiso de pagar lo que realmente le corresponde. Aunque debería, no creo que Milei tenga ahora mismo tiempo para pensar en esto”, recomendó Maril.

La noticia se conoce en un momento particular para la acción de la empresa, que registra una fuerte suba luego de las presidenciales. Pocas horas después de imponerse en la segunda vuelta electoral, el presidente electo Milei anunció que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada. Tras ese anuncio y el resultado electoral, la acción de YPF tuvo una histórica suba de precio de casi 40 por ciento.

El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de EEUU a analizar el caso. A fines de marzo de este año, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera –YPF fue exculpada de todo cargo– y lo condenó a resarcir a los demandantes.