La negativa de la gestión anterior a informar en qué estado dejaba la provincia provocó muchos trastornos, no sólo al Gobierno, también a la población. Por eso el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Legislatura para crear una comisión que analice el sistema electoral vigente y establezca normas claras para quienes deben dejar el poder.

Entre los ocho proyectos de ley enviados a la Legislatura, el gobernador Claudio Poggi incluyó uno en el que propone la creación de una ‘Comisión de Análisis del Sistema Electoral Vigente en la Provincia de San Luis y Protocolo de Traspaso de Mando’. Lo que busca es estudiar una eventual reforma al régimen actual, incorporando nuevas herramientas electorales y de transparencia democrática, “dando así solución definitiva a la dispersión normativa que existe legislativamente en la materia a nivel provincial”, dice el decreto firmado el último viernes.

El objetivo es redimensionar la participación ciudadana y el compromiso de todos con la cosa pública desde una nueva perspectiva, acorde a los tiempos que corren. El artículo 3° determina que la comisión deberá estar integrada por representantes de ambas Cámaras y del Poder Ejecutivo. Por Diputados, un presidente del cuerpo, más cinco legisladores por la mayoría y otros cinco por la minoría. Por Senadores, el presidente de la cámara, más dos del bloque mayoritario y dos del minoritario. Finalmente el Ejecutivo nombrará sus dos representantes, que pueden ser reemplazados.

Poggi, fiel a su estilo, propone políticos de distintas líneas ideológicas, para enriquecer el trabajo final. El temario será amplio, abordando temas como el régimen electoral en general, tanto provincial como municipal, los nuevos y no tan nuevos sistemas electorales vigentes en muchas jurisdicciones (voto electrónico en sus diferentes variantes, boleta única papel), principalmente evaluando aquellos que han tenido éxito en diferentes provincias y municipios de la Argentina. La comisión deberá poner énfasis en la transparencia y confiabilidad de los padrones electorales, en mejorar su confección y confiabilidad.

También tendrá como tarea estudiar un nuevo protocolo de transferencia de mando, que garantice a la ciudadanía en general “la más absoluta transparencia y la posibilidad de continuar la administración del gobierno en forma ordenada, organizada y prolija, sin sorpresas, con previsibilidad”, asegura el proyecto de ley, que intentará terminar con los abusos de poder y la falta de información en la que incurren los gobiernos salientes, algo que quedó muy claro en el último traspaso, en diciembre del año pasado.

Para ampliar la mirada y recabar todas las opiniones, la comisión consultará a partidos políticos con personería jurídica vigente al Superior Tribunal de Justicia, a ministros y secretarios de Estado, legisladores de todas las esferas, intendentes y comisionados, asociaciones civiles (también con personería jurídica) y universidades públicas y privadas con sede en San Luis.

El plazo que se propone para que la Comisión lleve adelante su cometido es de 90 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la ley, pudiendo ser prorrogado por 40 días más.