La ministro de Seguridad, Nancy Sosa, fundamentó la necesidad de suspender la adhesión de la provincia a la ley nacional, un proyecto que el Gobernador ya envió a la Legislatura. Trabajar en la coordinación y la capacitación del personal será la prioridad de la gestión actual.

En 2005, el Gobierno nacional sancionó la Ley de Desfederalización en Materia de Estupefacientes, con la finalidad que las provincias que quisieran adherirse adquirieran competencia para tratar las causas de narcomenudeo en el fuero penal provincial y no en el federal. Pero su implementación no estuvo exenta de dificultades y en 2019 la Nación debió aprobar una nueva ley que instaba a las fuerzas de seguridad provinciales y federales a coordinar sus acciones ante un problema vertebral.

En las jurisdicciones que aplicaron la iniciativa aumentaron exponencialmente las causas por tenencia simple en detrimento de las que investigan al narcotráfico, a los eslabones más altos en la comercialización de droga. El 7 de septiembre de 2022. San Luis adhirió a la desfederalización con la idea de ponerla en marcha el 1º de enero de 2023, algo que nunca ocurrió. Hace algunos días, el gobernador Claudio Poggi envió un proyecto a la Legislatura provincial para suspender su aplicación, en principio por un año, porque no surgió en este tiempo “ningún protocolo provincial nuevo, no se trabajó absolutamente nada en su aplicación”, subrayó la ministro de Seguridad, Nancy Sosa.

“Básicamente había que instrumentar una nueva estructura dentro del Poder Judicial para llevar a cabo esto. Es importante entender que dentro del país hay posiciones contrapuestas al respecto y que en las provincias que lo han aplicado, por tener esta lucha bajo la órbita judicial propia, no han mejorado. Tenemos el caso de Córdoba, varios casos, incluso en el Consejo Nacional de Seguridad algunos ministros también planteaban su preocupación porque veían que no les ha dado resultado. Nosotros nos encontramos en una fase intermedia, en la que no hubo transición entre gestiones, donde nos ha tocado ordenar los recursos humanos y generar una nueva política de seguridad. En ese sentido nos parece prudente solicitar la suspensión. Pensado desde la seguridad puntualmente, es para el fortalecimiento de la estructura de quienes están hoy dando la batalla de lucha contra el narcotráfico”, explicó la funcionaria. “Hay que pensar las acciones. Hay que capacitar al personal y nos parece que reordenar toda esa tarea puntual no es algo sencillo y necesitamos tiempo”, remarcó.

En la actualidad, los miembros del Departamento Lucha Contra el Narcotráfico, la rama de la Policía provincial que combate el flagelo de la droga en las calles, trabajan de la siguiente manera: si alguna de sus brigadas o efectivos detectan o son notificados de alguna causa que involucre drogas toman intervención de oficio, pero tienen hasta 6 días para notificarle a alguno de los dos Juzgados federales de la provincia sobre sus actuaciones. Luego es un juez o fiscal Federal quien autoriza una investigación, detenciones, decomisos y allanamientos.

“La batalla no se dejó de dar; la vamos a seguir dando en el barrio. Lo hace constantemente la Policía y no solamente la dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, sino toda la policía que realiza prevención. Está la decisión política del Gobernador de sacar la droga de donde esté y a quien la tenga, esa es la directriz que hemos recibido del Gobernador, que yo le he transmitido al Jefe de Policía y que él le ha hecho saber a todo el personal de todas las direcciones y de todas las unidades regionales”, puntualizó la ministro.

El proyecto de ley para suspender la adhesión a la desfederalización no tiene otra finalidad que la de no incurrir en los errores de otras provincias, abogar por una coordinación entre las fuerzas nacionales y provinciales y atacar al problema en su punto de origen: los grandes traficantes que manejan la cadena de venta de droga. “Creo que tenemos que ir paso a paso bajo la directriz de dar batalla a la droga donde sea que esté y en el lugar que se encuentre. Pero para eso sabemos qué necesitamos capacitar a nuestro personal, proveerlo de tecnología, y en ese sentido estamos trabajando siempre, desde que asumimos. Después se verá”, dijo Sosa, e instó al acompañamiento de diputados y senadores. “Ahora también compartimos las responsabilidades con los legisladores. Entendemos que son ellos quienes pueden llevar esto adelante y me parece que estamos dispuestos a brindarle toda la información que necesiten para que puedan comprender qué tenemos, qué no tenemos, qué nos falta y porqué creemos que sería prudente en este momento proceder a la suspensión de una ley que en realidad nunca tuvo aplicación real”, cerró.