A 24 horas de la movida por la educación pública que busca ser masiva y que ya sumó adhesiones de otros sectores, un gremio de educadores anunció una huelga y exhorta a CTERA a seguir los mismos pasos.

A 48 horas de una marcha universitaria por la educación pública y contra la política de ajuste de Javier Milei que busca ser masiva, un gremio docente anunció un paro para el martes 23 de abril en sintonía con la movilización.  La movida ya sumó las adhesiones de otros sectores contra la política de ajuste del Gobierno, desde centrales sindicales y organizaciones política y de la sociedad civil, en lo que puede ser la primera gran acción transversal de protesta contra la administración libertaria.

La Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (ADEMYS) confirmó que el martes 23 de abril realizará un paro docente, con el objetivo de acompañar la marcha en favor de la educación y la universidad pública. Tras una asamblea, las autoridades del sindicato confirmaron que se adherirán a la movilización que partirá desde la esquina de Rodríguez Peña y Rivadavia, a las 15.30 con rumbo a Plaza de Mayo.

Mariana Scayola, secretaria general de Ademys y miembro de la agrupación Izquierda Socialista, que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), pidió «movilizarse masivamente junto con las universidades y las familias».

«Estamos llamando a la docencia en su conjunto para ser parte de esta marcha histórica en defensa de la Educación Pública. Le vamos a frenar la mano a Milei», sostuvo la dirigente de las y los docentes porteños. Demandaron que «la CTERA, la CTA y la CGT» sean parte de esta movida y «convoquen al paro nacional».

Desde el sindicato, además, llamaron a «parar y movilizarse» no sólo por la Educación pública y el presupuesto que recibe, sino también «en contra de la nueva Ley ómnibus, que incluye la declaración del servicio esencial y la reforma laboral impulsada por la UCR, contra el derecho a huelga, a la motosierra de Milei, al FMI y a las patronales».

Cuándo es la Marcha Universitaria y quiénes adhieren

El Gobierno se enfrascó en los últimos días en una disputa con la comunidad educativa superior por el congelamiento de los fondos presupuestarios pese a las advertencias de varias universidades de todo el país sobre la imposibilidad de seguir operando con el aumento en los costos de las tarifas.

Javier Milei y parte de la dirigencia libertaria con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza fundamenta su determinación de podar los fondos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudio nacionales en supuestos casos de adoctrinamiento y de persecución ideológica. No obstante, diversos referentes y autoridades del sector universitario cruzaron estas acusaciones.En cambio, está prevista una masiva marcha en defensa de la educación pública para mañana 23 de abril a la que adhieren diversos sectores, como la CGT y las dos CTA. 

Con la participación de alumnos, profesores, exestudiantes y exdocentes, autoridades universitarias nacionales y hasta referentes políticos y de sectores sindicales ratificaron la decisión de movilizarse más allá de los intentos del Gobierno de desactivar la convocatoria con amenazas del uso del protocolo anti-piquete y el giro de un porcentaje de fondos. 

El jueves último por la noche, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 70% en marzo en los gastos de funcionamiento llevando la asignación a $10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales. Asimismo, ordenó otro 70% para mayo, con lo que se alcanzarán los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. 

Del mismo modo, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661. 

En el mismo anuncio formulado desde Capital Humano, se convocó a una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional (CIN) para conversar sobre cómo avanzar en los cambios que el Ejecutivo pretende sin afectar la educación universitaria de calidad. 

A la vez, informaron que se había acordado avanzar en conjunto entre el Gobierno nacional y las universidades nacionales en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes, acorde a lo que indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521.

No obstante, desde la contraparte fueron varios los referentes del sector que relativizaron el anuncio del gobierno de Javier Milei en tanto no había sido acordado con las universidades y los montos solo impactaban sobre el 10% del Presupuesto total del sector. Incluso, mencionaban, quedaba desfasado frente a la inflación acumulada durante los primeros meses de 2024. 

«El 70% para marzo y el 70% para mayo, no retroactivos, implican una actualización anualizada de sólo el 105% frente a una inflación promedio de 300% en el rubro de gastos de funcionamiento», posteó el exdiputado nacional y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en un extenso hilo de tuits. Fue solo uno de los muchos que respondieron en las redes sociales al comunicado del Gobierno.