«Es una ley que responde a estándares internacionales. Nos permite trabajar retroactivamente y no prescribe», dijo en Cadena 3 el secretario de Ética Pública del Gobierno de San Luis, Ricardo Bazla.

El Gobierno de San Luis busca tratar el proyecto de ley de «Extinción de Dominio», que presentó el gobernador Claudio Poggi en la Legislatura, y que ya ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia.

Dicho proyecto busca «recuperar los bienes que se han robado; los bienes de la corrupción que nunca debieron salir del Estado, para que vuelvan al patrimonio provincial», manifestó en Cadena 3 el secretario de Ética Pública del Gobierno de San Luis, Ricardo Bazla.

En ese marco, Bazla comentó que el Gobierno recuperó, el pasado viernes, un campo de 2.000 hectáreas «valuado en unos 6 millones de dólares», ubicado en el departamento Dupuy, «que estaba siendo explotado ilegalmente por particulares». 

Y agregó: «Hemos recuperado esas hectáreas para que generen ingresos al Gobierno de la Provincia y no para unos pícaros que se aprovechan de todos los sanluiseños».

Además, aseguró que esos campos debían estar destinados a producción científica y explicó que detectaron que en ese campo, «que es altamente productivo, hay más de 1500 hectáreas sembradas con maíz». 

A raíz de ello, explicó que por instrucciones del Gobernador, esos terrenos pasarán a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo «para que generen ingresos para la provincia».

El funcionario explicó que el proyecto de ley de extinción de dominio «tuvo como punto de partida el DNU número 62, del año 2019, que está plenamente vigente y que se aplicó hace algún tiempo en Santa Fe».

Y amplió: «Hasta este momento solo la provincia de Mendoza tiene una ley de extinción de dominio, que apunta a recuperar los bienes que se han robado, los bienes de la corrupción que nunca debieron salir en este caso del estado de la provincia, para que vuelvan al patrimonio provincial».

Por otra parte, comentó que el 7 de diciembre pasado, es decir, el último día hábil de la anterior gestión, «el Gobierno de San Luis pagó $290 millones por un colectivo modelo 2018 que está parado y que no se puede poner en circulación, porque harían falta como $50 millones para repararlo».

Y sumó: «Pero en realidad el colectivo cuesta $130 millones, que eso ya ha quedado demostrado, a partir de lo cual el Gobierno dispuso ir descontando de los aportes que la provincia se ha comprometido hacer al club que preside Cinthia Ramírez».

De esta manera, Bazla señaló que «muy lentamente, a través de una medida administrativa, se está recuperando una parte; pero cuando esta causa avance desde el punto de vista penal, y a la vez tengamos la ley de extinción de dominio, la vamos a poder aplicar porque es una ley que responde a estándares internacionales».

Y concluyó: «Además, la ley nos permite trabajar sobre la retroactividad de aplicación, y no prescribe, ya que es igual a los delitos de lesa humanidad».

Entrevista de «Siempre Juntos».