El caso de Agustín Quevedo, ocurrido el fin de semana pasado en Villa Mercedes, expuso otra vez los problemas de violencia en los locales nocturnos. Al mismo tiempo, diversas iniciativas para poner un freno a los incidentes no logran avanzar en los ámbitos legislativos.

El joven, de 17 años, permanece internado en terapia intensiva tras recibir un botellazo en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo de cráneo grave con hemorragia. El ataque ocurrió minutos antes de las 6:00 del domingo en Espacio Mitre, sobre la avenida Mitre y Dr. Domínguez, en esa ciudad.

Este no es el primer caso en el que la violencia llega a un extremo. El 30 de diciembre de 2018, Matías Auderut, de 31 años, fue golpeado de forma brutal en el bar Say No More, ubicado en avenida Illia y Constitución, en la ciudad de San Luis. Cinco días después, falleció mientras estaba internado en el hospital de la capital puntana.

Hugo Auderut, padre de Matías, recordó que, a partir de ese episodio, surgieron algunas iniciativas para prevenir estos incidentes. En la capital, por ejemplo, se aprobó una ordenanza para crear un registro del personal de seguridad de los locales nocturnos y capacitarlos en la forma adecuada de actuar para evitar disturbios. Sin embargo, la normativa nunca se implementó.

A nivel nacional, también se impulsó la creación de una «Agencia de Nocturnidad», pero el proyecto perdió estado legislativo.

“Desde el Ministerio de Gobierno me habían contactado en su momento, porque tenían la iniciativa de tratar el tema a nivel provincial; me dijeron que me contactarían con otros actores”, contó Auderut. Además, señaló que debería aplicarse un protocolo para evitar que los episodios de violencia continúen en la vía pública.

Actualmente, ante un incidente dentro de un bar o boliche, el personal de seguridad expulsa a los involucrados del local, y la pelea suele continuar afuera.

Fuentes del Juzgado de Faltas de la capital sanluiseña informaron que los incidentes violentos han disminuido en los locales desde que trabajan en conjunto con la Policía provincial. Si los agentes de seguridad detectan un incidente en un comercio nocturno, el local es clausurado de inmediato. Así, los dueños de bares y boliches también se preocupan por evitar que los conflictos se trasladen a la vía pública.