El gobernador Claudio Poggi firmó este miércoles un decreto que establece la cesantía de 19 empleados públicos que habían presentado certificados médicos falsos para justificar licencias de salud.
Desde el Gobierno informaron que entre jueves y viernes habrá más despidos en distintas dependencias.
El caso salió a la luz a mediados de año tras la denuncia de un profesional de la salud, quien detectó el uso fraudulento de su firma y sello. La investigación reveló que al menos 83 empleados de la administración pública (10 de Seguridad, 12 de Salud y Carrera Sanitaria, 9 de Educación y 52 del escalafón general) utilizaron esos documentos para justificar ausencias desde noviembre de 2022.
Por esta maniobra, la Dirección de Recursos Humanos presentó las pruebas a la Fiscalía de Estado, que formalizó la denuncia penal. En septiembre imputaron a dos empleados, Augusto Toledo y Paola Tonelli, domiciliados en el barrio San Luis 26. Una tercera persona involucrada en la falsificación de los certificados será acusada la próxima semana.
Pese a estar bajo investigación y con los teléfonos secuestrados, los acusados habrían continuado con la venta de documentos falsos a través de la red social Facebook y de WhatsApp.
El decreto que establece el despido de los empleados públicos
Mientras tanto, comenzaron a aplicarse sanciones a los empleados públicos que compraron y utilizaron estos certificados. En el decreto firmado por Poggi, se ordena rescindir 19 contratos de prestación de servicios «y dar por concluida la relación laboral».
El documento establece además la “rescisión inmediata de los contratos de quienes emplearon certificados falsos para ausentarse de sus obligaciones laborales”, y ordena descontar los haberes correspondientes a esos días.
Los imputados no solo habrían falsificado certificados médicos, sino también otros documentos, como formularios de ANSES y aptos médicos para la Liga Sanluiseña, entre otros, de acuerdo a los elementos que secuestró la fiscalía interviniente en el domicilio de Toledo y Tonelli.