La pareja acusada de falsificar certificados médicos continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial por otros 30 días, mientras la causa avanza hacia el juicio oral.

Este viernes, la jueza de Garantía N° 2 de San Luis, Daniela Benenatti, hizo lugar al pedido de prórroga de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía para Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo, imputados por asociación ilícita y falsificación de documentos públicos.

Además, la magistrada ordenó que ambos acusados reciban tratamiento en el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones. La medida se extenderá por 30 días, pese a que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Esteban Roche y la fiscal adjunta Alejandra Quiroga Nassivera, había solicitado una prórroga de dos meses.

Posturas enfrentadas

El fiscal Roche justificó el pedido al advertir riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Debemos reforzar las medidas de protección de la investigación ya que nos encontramos en la etapa intermedia y esta semana hemos firmado el pedido de elevación a juicio de la causa”, explicó.

El representante de la Fiscalía de Estado, Santiago Salomón Calderón, respaldó la solicitud, mientras que el abogado defensor Federico Farías rechazó la ampliación de la preventiva. Argumentó que la calificación legal no es la correcta y que sus defendidos necesitan tratamiento. “Privarlos de la libertad en su situación es inhumano”, sostuvo.

Otra imputada y medidas de coerción

Además de Tonelli y Toledo, también está bajo investigación Graciela Apaza Señani. A diferencia de la pareja, a ella se le impuso la obligación de firmar el libro de Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia. La jueza Benenatti prorrogó esas medidas por 30 días.

Cómo se descubrió la maniobra

La causa se inició tras la denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal, quien alertó que la pareja emitía certificados falsificados con su firma y sello, que se ofrecían a través de una página de Facebook.

Gracias a la colaboración del Departamento de Delitos Complejos y un informe de Meta, se identificó a los responsables. El 6 de junio de 2024, luego de determinar sus domicilios, se realizó un allanamiento en el barrio San Luis 26, donde se incautaron recetarios, formularios de ANSES, sellos falsos, documentos personales y el teléfono de Tonelli.

Las pruebas contra los acusados

Una pericia caligráfica de la licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de firmas y sellos. Entre los archivos recuperados había certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES y libretas de salud, entre otros.

Incluso en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.

Cuando se conoció la investigación, el Gobierno provincial denunció que empleados estatales habían presentado estos certificados truchos para justificar inasistencias.

Reincidencia y nueva imputación

El 26 de septiembre de 2024, se les formularon cargos a Tonelli y Toledo, imponiéndoles la firma del libro de Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que continuaban con la actividad delictiva.

Un certificado médico con fecha del 11 de octubre de 2024 llevó a solicitar un nuevo allanamiento.

El 26 de noviembre, se les volvió a formular cargos y se dictó prisión preventiva. En la misma audiencia, también se imputó a Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.