Se trata de Sergio Gustavo Freixes, quien fue ministro de Legalidad bajo el mandato de Alberto Rodríguez Saá. Hay más involucrados.

El cambio de gobierno en la provincia de San Luis, con la asunción del gobernador Claudio Poggi (Cambia San Luis) que terminó con décadas de mandatos de la familia Rodríguez Saá, desnudó una asombrosa trama de corrupción. Según una denuncia, un exministro, su secretaria privada y el hijo del exgobernador simularon ser caciques de una comunidad ranquel para así administrar millones de pesos, además de 66 mil hectáreas, entre otros bienes. 

Sergio Gustavo Freixes, el exministro de Legalidad durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, es el principal acusado en la denuncia realizada por el actual gobernador. En dos instancias el exfuncionario fue condenado por delitos cometidos durante su gestión, por lo que podría quedar tras las rejas si la Corte Suprema rechaza su recurso de apelación.

La situación se habría desarrolló cuando San Luis creó el Registro de Comunidades Originarias en el marco de una ley provincial de 2008. A raíz de ello, la «Comunidad Rankul» (ranquel) fue inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas. En este marco, les reconocieron a este pueblo un terreno de 66 mil hectáreas ubicado a la altura de la localidad de Batavia, en el sur de la provincia y a 50 kilómetros del límite con Córdoba.

Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel. Foto: gentileza Agencia de Noticias San Luis.

«Hubo lonkos anteriores que hicieron todo mal. En ese momento pedimos ayuda al Gobierno provincial y nos mandó a Sergio Freixes como interventor. Al principio, los primeros tres meses, me preguntaba cómo estaba el campo, pero después empezó a meter mano él. Eso estuvo mal, porque nos dejó mal parados a todos. Nos falsificaba la firma, nunca rindió cuentas a la comunidad», dijo Víctor Baigorria, actual lonko de la comunidad ranquel, a la Agencia de Noticias San Luis.

Desde 2017, Freixes intervino la comunidad. Pero el 21 de abril de 2020 -en plena pandemia-, el por entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, le firmó un poder especial a Freixes para «operaciones administrativas y bancarias». Por este motivo, el exfuncionario avanzó con la administración de las 66 mil hectáreas, donde arrendó tres segmentos del campo sin contratos, se quedó con los vehículos de la comunidad y manejó $283.399.813 en fondos que ahora investiga la Unidad de Información Financiera de la Nación por posible lavado de dinero, según la denuncia oficial que recoge el diario Clarín. 

«Ese poder habilitaba a Freixes a actuar sin ningún control. Pero además, inventaron una supuesta asamblea -tawtum, en lengua originaria-, donde los miembros firmaron lo que era una supuesta nota al gobernador anterior y pusieron a Freixes, a Alberto Rodríguez Saá hijo y a Sofía Elizabeth Aguilera -secretaria privada de Freixes- como lonkos de la comunidad. Tomaron la nota, la convirtieron en asamblea y la presentaron a la dirección de Personería Jurídica de la provincia con la fecha adulterada», afirmó a Clarín el fiscal José Olguín.

Los ranqueles también subrayaron que Freixes actuaba como un señor feudal en el territorio, incluso impidiendo a los habitantes ir a pescar a las enormes lagunas. «Cada tanto faenaba algún animal y repartía bolsas con carne», contaron.

Pero la pérdida de las elecciones desesperó a Freixes. «Tenía miedo a que perdieran el poder y quería entrar como lonko por 10 años. Perdieron la elección en junio y dos días antes del cambio de mandato del 10 de diciembre aparecieron a juntar firmas para una supuesta nota al gobernador», detalló Carime Ali, esposa del actual lonco Víctor Baigorria. Y agregó al mismo medio: «Cuando vi que había falsificado mi firma para ponerse como lonco lloraba de la bronca».

Según Clarín, la exasperación de Freixas tras el ofrecimiento de una jugosa cifra por parte del gobernador Rodríguez Saá que giró por decreto a la cuenta bancaria de la comunidad, lo llevó a buscar firmas en la noche del 7 de diciembre. 

«Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos lonkos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50 millones. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50 millones», denunció el actual gobernador Poggi en un video el 27 de diciembre de 2023.

La causa, entonces, es por falsedad ideológica: incluye la asamblea inventada del 17 de agosto, el engaño a los firmantes y el autonombramiento de Freixes como cacique. Aunque el hijo de Rodríguez Saá figura como lonko en el acta de asamblea trucha, no fue citado por la fiscalía. 

En este marco, Freixes entregó las llaves de la estancia del terreno. Además se está realizando un inventario del lugar donde hay aproximadamente 168 caballos y más de 8000 vacas. Incluso pudieron contar 130 búfalos que no fueron declarados al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por lo que el organismo nacional intimó a la estancia a regularizar la situación para no clausurarla. 

En este contexto, la comunidad ranquel denuncia que en el lugar hay vehículos y maquinaria agrícola a nombre de Freixes y no están inventariados. «Una camioneta de la comunidad apareció en la propiedad de uno de los colaboradores de Freixes con destrucción total», destacó Carime.

El nuevo gobierno provincial instó a Freixes y a Rodríguez Saá hijo en una resolución a que se «abstengan de realizar cualquier acto en nombre y representación de la Comunidad y/o arrogarse el carácter de lonkos, dado que su designación y su posterior registración no se encuentra vigente». Para el proceso de normalización nombraron a Darío Oviedo Helfenberger y Carlos Alberto Amondarain.

El caso anterior

La sala IV de la Cámara de Casación penal condenó en 2019 a seis años de cárcel a inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años a Sergio Gustavo Freixes y Edgar Mario Zavala, exministro y viceministro de Legalidad de San Luis. El motivo fue por el delito de «coacción agravada» contra los jueces que intentaban entrar al Poder Judicial de la provincia.

Además, Zavala y Freixes fueron penados en primera instancia en noviembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de San Luis, en una causa que generó un escándalo en el sistema judicial puntano.

Los hechos ocurrieron en 2004 y 2005 cuando la excamarista Marina Ziliotto -principal impulsora del expediente, denunciante y principal testigo en el juicio- fue nombrada en su puesto tras ganar un concurso. Antes de asumir, le plantearon que debía dejar firmada su denuncia para que pueda ser usada en base a la necesidad del Ejecutivo. Sin embargo, tan solo un mes después activaron su renuncia, cuando Ziliotto se negó a denunciar a dos camaristas. 

Sin embargo, ambos exfuncionarios apelaron el fallo de la Cámara con un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estiman, será rechazada