El Tribunal de Impugnaciones de la primera circunscripción rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo para revocar sus prisiones preventivas y ratificó la decisión del Juzgado de Garantía N°2 de mantener a la pareja acusada detenida en el Servicio Penitenciario Provincial.

Federico Farías, abogado de los acusados de falsificar y vender certificados médicos, solicitó que el proceso se lleve a cabo bajo prisión domiciliaria, con el argumento que ambos padecen graves problemas de adicciones y necesitan un tratamiento especial. También sostuvo que los delitos son excarcelables y que la prisión preventiva aplicada es «desproporcionada e improcedente», dado que no tienen antecedentes penales ni recursos para fugarse.

Por su parte, el fiscal de Instrucción Esteban Roche pidió que se mantuviera la prisión preventiva, señalando que existían riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. El fiscal destacó que los imputados, tras la primera acusación, emitieron más certificados falsificados, lo que evidenció una reiterancia delictiva. Además, se mencionó que hay una tercera persona involucrada en la causa, lo que llevó a sumar el cargo de asociación ilícita.

Santiago Salomón Calderón, representante de la Fiscalía de Estado, recordó que, a pesar de las medidas judiciales, la pareja siguió cometiendo delitos, desafiando a la justicia y entorpeciendo la investigación.

El 26 de septiembre, el fiscal imputó a Tonelli y Toledo por falsificación de documentos públicos y privados, luego de que un médico denunciara que los acusados usaban su sello y firma para emitir certificados médicos falsificados, los cuales ofrecían a través de Internet a cambio de dinero.

La decisión del tribunal sobre el pedido de la defensa de la pareja

La decisión final del tribunal, presidido por Jorge Sabaini Zapata, confirmó la resolución de la jueza, argumentando que la continuidad del comportamiento delictivo hacía probable que los imputados intentaran obstruir la investigación. Por lo tanto, se resolvió que la prisión preventiva fuera la medida más adecuada para garantizar el avance del proceso judicial.

La causa se originó tras una denuncia en la Unidad de Abordaje Fiscal, y la investigación reveló que los acusados emitían certificados médicos falsificados, lo que fue corroborado por allanamientos y pruebas periciales que confirmaron la falsificación de documentos.

Entre los archivos recuperados, se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.