El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un balance sobre el primer año del gobierno de Javier Milei en materia de brechas de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.
El informe expone datos sobre las desigualdades existentes y el impacto de las políticas oficiales. También analiza las medidas económicas del gobierno y su efecto diferencial según el género.
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Desigualdad en el mercado laboral
Según los datos del tercer trimestre de 2024, la tasa de actividad de las mujeres (52,1%) es 18,4 puntos porcentuales menor que la de los varones (70,5%). Además, la brecha de desocupación aumentó respecto al año anterior y se ubicó en 1,7 puntos porcentuales. La informalidad laboral también se profundizó: el 38,7% de las mujeres trabajan en condiciones informales, frente al 35% de los varones.
Los ingresos reflejan otra disparidad: los hombres ganan, en promedio, un 27,7% más que las mujeres. Además, el 61,4% de las personas con menores ingresos son mujeres.
La raíz de esta desigualdad se encuentra en la distribución del trabajo no remunerado. Las mujeres dedican tres horas más por día a tareas domésticas y de cuidado, lo que limita su acceso al mercado laboral formal. Mientras tanto, el 65% de quienes integran el sector de mayores ingresos son varones.
Recortes en políticas de género
El gobierno prorrogó el Presupuesto 2023, lo que le permitió mayor discrecionalidad en el gasto. Las partidas etiquetadas como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) sufrieron una caída del 21% en términos reales durante 2024.
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria cayeron un 16,8% interanual, mientras que programas clave fueron desmantelados: el Programa Registradas y el patrocinio jurídico para víctimas de violencia sufrieron una reducción del 100%, la ejecución de la ESI se desplomó un 98,7% y los fondos para infraestructura de cuidado se redujeron entre un 82,6% y un 99,5%.
Las excepciones fueron la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un aumento del 38,7%, y el Programa 1.000 días, que creció un 202,7%.
Impacto en sectores feminizados
El empleo doméstico, compuesto en un 95,2% por mujeres, perdió 15.748 puestos entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. A enero de 2025, los ingresos de estas trabajadoras acumulan una pérdida del 21,8% en su poder adquisitivo.
En el sector docente, donde el 77% del personal es femenino, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) significó una reducción salarial del 12% en promedio.
Las jubilaciones mínimas, percibidas mayoritariamente por mujeres, perdieron un 13,3% de poder adquisitivo en el primer trimestre de 2025. Además, el gobierno eliminó la devolución del IVA para jubiladas y pensionadas, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes.
Desde marzo de 2025, el gobierno no prorrogará la moratoria previsional. Como consecuencia, 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse no podrán hacerlo y solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, se cobra a partir de los 65 años y no es pensionable.
Ajuste en programas sociales
El 63% de quienes cobran el ex programa Potenciar Trabajo son mujeres. Su poder adquisitivo cayó un 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para mantener el valor real de entonces, el monto debería ser hoy de $220.193,8.
El programa Acompañar, destinado a mujeres y diversidades en situación de violencia de género, perdió el 29,8% de su poder adquisitivo. Además, se redujo el tiempo de percepción del beneficio de seis a tres meses y ahora exige una denuncia policial, a contramano de las recomendaciones en el abordaje de la violencia de género.
Desjerarquización y ofensiva contra los derechos
Desde su llegada al poder, el gobierno redujo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una subsecretaría dentro de Capital Humano y luego lo convirtió en una dirección dentro del Ministerio de Justicia.
Además, inició una ofensiva contra derechos conquistados: busca avanzar contra la Ley de Identidad de Género, la figura de femicidio en el Código Penal, la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral (ESI), entre otras normativas.