La coparticipación del impuesto PAIS quedó en el centro de las negociaciones. El gobernador de Córdoba encarnó la postura más dura. Las alternativas que propusieron las bancadas dialoguistas y qué puede ocurrir el martes

“Si no venía Francos, no votábamos la ley en general”. Las negociaciones sobre la Ley Ómnibus alcanzaron hoy máximos niveles de tensión y empujaron hasta al hartazgo a los principales referentes de la oposición dialoguista. Sin embargo, el Gobierno cedió y pudo llevarse una victoria parcial con la aprobación en general del proyecto. El rol del ministro de Interior fue clave: “Terminó siendo un traductor entre nosotros y las fuerzas del cielo”, dijo con cierta ironía uno de los diputados dialoguistas que participó de los encuentros en la oficina de Martín Menem que allanaron el camino.

Pero Francos, que según relataron a Infobae se mantenía en contacto telefónico con algún miembro jerárquico del Gobierno que tenía la última palabra, no fue el único funcionario que se trasladó al Congreso. También estuvieron el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, y Maximiliano Fariña, un hombre de Federico Sturzenegger que durante las últimas semanas se ganó el apodo de “el escriba” dado que era el encargado de anotar las disidencias y sugerencias de la oposición.

Tras dos sesiones que pasaron a cuarto intermedio hasta el día siguiente, las conversaciones paralelas entre oficialismo y oposición seguían girando en torno a un puñado de temas: privatizaciones, facultades delegadas, seguridad y coparticipación del impuesto PAIS.

El último punto se convirtió en la bandera de batalla de los gobernadores, especialmente de Martín Llaryora, que a través de los diputados de Córdoba Federal opuso la resistencia más firme a los planes del oficialismo. El Impuesto País es una alícuota que se cobra a todas las operaciones de compra de dólares oficiales, gastos con tarjeta de débito y crédito en moneda extranjera, y servicios turísticos en el exterior. Es el tercer impuesto que más recauda para las arcas nacionales.

Sin embargo, es una disputa de difícil resolución ya que mientras los mandatarios buscan fortalecer las arcas provinciales -golpeadas por la reducción de transferencias, la eliminación de Ganancias y el freno de la obra pública-, el Gobierno se rehúsa a entregar más recursos, especialmente luego de que quedaran afuera del proyecto la suba de retenciones y la eliminación de la movilidad jubilatoria.

“La llave está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eso se tiene que resolver políticamente antes del martes”, explicaron desde el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

Luego de reclamar -sin éxito- la presencia del propio Luis “Toto” Caputo, los sectores dialoguistas propusieron que el FGS sea utilizada para sanear las deudas de las cajas previsionales provinciales (que no fueron transferidas a la ANSES) y para garantizar un flujo de pagos -por ley-a las que todavía no han sido “armonizadas” a cambio de que se adecúen a cierto estándar nacional. “La idea es que se armonicen, como Córdoba y Santa Fe, a cambio del flujo de pagos”, sintetizaron.

“Si el Gobierno no cumple, le vamos a coparticipar el impuesto PAIS a las trompadas”, amenazó un diputado de Córdoba. Confían en que una moción para coparticipar el 30% del tributo puede cosechar con facilidad muchos apoyos en casi todos los espacios ya que beneficia a las provincias, incluso las peronistas, en detrimento del gobierno nacional.