La legisladora provincial Fernanda Spinuzza presentó un recurso ante el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) después de que se rechazara su postulación por supuesta incompatibilidad. La diputada denunció «una clara persecución» por parte del oficialismo en su contra.

La Subdirección de Recursos Humanos Docentes informó este lunes que se rechazó la designación de Spinuzza para un cargo de profesora en los espacios curriculares ‘Procesos Políticos Latinoamericanos y Argentinos’ y ‘Análisis Político Comparado’ del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política del IFDC de San Luis.

Los motivos fueron la incompatibilidad establecida en un artículo de la Constitución Provincial y la imposibilidad de conciliar los horarios entre su labor legislativa y el cargo docente, que implicaba 35 horas semanales. Carina Fernández, directora de Educación Superior y Capacitación Docente, explicó que esas horas «son reloj, no cátedra», lo que dificultaría que Spinuzza cumpliera con ambas funciones, ya que su trabajo como legisladora requiere tiempo completo.

Spinuzza expresó su preocupación por lo que considera una «distorsión» de la interpretación legal del artículo 23 de la Constitución Provincial. Según la diputada, tanto el ministro de Educación, Guillermo Araujo, como el ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, habían dado su visto bueno para su designación, pero el gobernador habría solicitado que se encontraran razones para impedir su asunción.

La diputada criticó lo que consideró una maniobra de «disciplinamiento» por parte del gobierno, señalando que el foco debería estar en resolver problemas sociales. Además, recordó que en el concurso público, donde participaron siete aspirantes, obtuvo el primer puesto por mérito, pasando a la instancia oral y final.

Spinuzza también denunció una persecución personal, citando como ejemplo la moción aprobada por mayoría para sancionarla y prohibirle hablar durante tres sesiones en la Cámara, una medida propuesta por el diputado Carlos Pereira. La decisión final sobre la sanción recae en el presidente de la Cámara, Alberto Leyes.

La legisladora concluyó afirmando que el gobierno de Poggi «genera miedo para evitar que la gente opine públicamente» y advirtió que esta situación se extenderá durante los tres años y medio restantes de su mandato.