La Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) será la encargada de realizar los exámenes toxicológicos a los funcionarios del Gobierno provincial. Cada análisis costará al Estado 75 mil pesos.

Este miércoles, el decano de la FQByF, Sebastián Andujar, y el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, firmaron un convenio para llevar adelante la práctica. Luego ofrecieron una conferencia de prensa junto al rector de la UNSL, Víctor Moriñigo.

En primer lugar, explicaron que se tomarán muestras rápidas mediante hisopado y, si resultan positivas, se procederá a la extracción de sangre. Si el resultado vuelve a ser positivo, se realizará una contraprueba en otra institución.

Bazla anunció que el primero en someterse al examen será el gobernador Claudio Poggi. Luego será el turno de los ministros y los secretarios de Estado.

Moriñigo señaló que, por proximidad geográfica, podrían solicitar la colaboración de otras universidades nacionales, como la de Córdoba o la de Cuyo, en Mendoza. Sin embargo, estimó que los resultados estarán disponibles con rapidez.

El Ejecutivo Provincial cubrirá los costos de estos estudios. Andujar estimó que cada análisis cuesta cerca de 75 mil pesos. “La extracción es la parte más compleja, mientras que el hisopado será masivo y tendrá un costo mucho menor”, explicó el decano.

Andújar detalló que las sustancias a detectar incluyen cocaína y sus metabolitos, opiáceos, anfetaminas, benzodiacepinas, entre otras que se establecerán con actualizaciones.

Poggi estableció por decreto el test toxicológico para los funcionarios del Gobierno. El documento establece que, si algún funcionario da positivo, será cesado de su cargo.

Los exámenes serán para el Gobernador, ministros, secretarios, directores, subdirectores, jefes de área y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a los cargos mencionados.

En este caso, abarca al jefe de la Policía provincial y el subjefe; el director y el subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, funcionarios políticos designados en organismos descentralizados, organismos desconcentrados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.