La medida de fuerza sorprendió a los funcionarios nacionales. “Hay que ver cuántos paros se convocaron en la historia para enero”, se preguntaron.

El Gobierno cuestionó el cese general de actividades y movilización a los que convocó la CGT para el próximo 24 de enero. “Habría que preguntarse cuántos paros se convocaron para enero”, deslizaron.

De todas maneras, en los pasillos de la Casa Rosada señalan que faltando cuatro semanas para que se concrete la protesta, no descartan que los sindicatos tengan intención de ser convocados a una negociación.

No obstante, también cuestionan duramente la cantidad de marchas que se realizaron contra el presidente Javier Milei desde que asumió, el 10 de diciembre pasado.

Luego de varias reuniones y diálogos internos, los líderes de la central obrera confirmaron que el 24 de enero marcharán en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desreguló la economía y del contenido de la “ley ómnibus”.

La medida de fuerza extrema se tomó luego de la reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales, desde los más dialoguistas a los más opositores.

“La fecha del paro y la movilización se eligió porque el día 31 (de enero) está fijado como tope para las sesiones extraordinarias y el miércoles anterior, que es el 24, si todo surge como está previsto, sería cuando se trataría en Diputados esta ley ómnibus”, explicó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, durante una conferencia de prensa.

Según lo que trascendió de lo que ocurrió en la sede de la Confederación General del Trabajo, los sindicalistas decidieron reclamar a la política, sobre todo a los sectores que no pertenecen a La Libertad Avanza, como el peronismo, los partidos provinciales, un sector del PRO y del radicalismo, “que actúen en favor de los trabajadores y de la sociedad, que es donde pasa el 100% del ajuste”.

Miembros del sindicato de obreros de la construcción UOCRA protestan contra las medidas de reforma del Presidente (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Convocamos a todas las delegaciones del interior a un plenario para ir actuando en cada lugar, de donde provienen los legisladores que después van a tener la potestad de decidir en el Congreso”, agregó Daer.

El proyecto en cuestión, que lleva el nombre de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se denomina ómnibus porque contiene una gran cantidad de capítulos y artículos (664, más precisamente) que proponen muchas reformas de áreas diferentes, pero que los legisladores votan en su conjunto.

Entre las múltiples propuestas que se incluyen en ese paquete, se encuentran la posibilidad para las universidades públicas de cobrar un arancel a los extranjeros no residentes, el cierre del INADI, y la reubicación de empleados públicos.

En lo vinculado a lo laboral, además de haber decretado la baja de alrededor de 7 mil contratos de empleados de planta transitoria que ingresaron este año al Estado, Milei impulsa la creación de una llamada “situación de disponibilidad”.

Héctor Daer (Gustavo Gavotti)

A partir de este mecanismo, “los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta 12 meses”.

Durante ese plazo, los trabajadores “serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación y tendrán obligación de (i) recibir la capacitación que se les imparta; y/o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

En ese tiempo, la persona podrá optar por “cubrir una vacante en la Administración Pública nacional, en caso que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello”, ser contratada por un privado, o bien “formalizar otro vínculo laboral”.

Sin embargo, una vez cumplidos esos 12 meses, los empleados que “no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”.