El sindicato Sutpa acusó a Corredores Viales de amenazar con despedir a más de 100 empleados tras el paro general llevado a cabo el viernes, que incluyó un levantamiento de barreras en diversas rutas del país. En un comunicado emitido este domingo, el gremio encabezado por María Florencia Cañabate calificó las amenazas como una “persecución sindical” y un ataque a los derechos de los trabajadores.

El paro, que afectó a rutas administradas por Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires, buscó reivindicar derechos laborales en medio de un contexto de incumplimientos salariales y la falta de acuerdos paritarios.

Según el Sutpa, el 9 de abril Corredores Viales envió un comunicado masivo a sus trabajadores, en el cual deslegitimaba el derecho constitucional a la huelga y amenazaba con sanciones, que podrían incluir despidos, si no se normalizaban las operaciones. El mensaje aseguraba que la medida era “ilegal e ilegítima”, una acusación que el sindicato rechazó tajantemente, defendiendo su derecho a protestar según lo estipulado por la Constitución Nacional y las leyes laborales vigentes.

El sindicato advirtió que cualquier represalia, ya sea despido o sanción, sería considerada un acto de discriminación antisindical, y señaló que tomarían acciones legales en caso de que las amenazas se materializaran.

A este conflicto se suma la reciente finalización del contrato de Caminos del Río Uruguay (Crusa), encargada de la administración de las rutas 12, 14 y 174. Esta decisión dejó a 500 trabajadores sin empleo, mientras que Vialidad Nacional asumió temporalmente la operación y mantenimiento de esos tramos. Sin embargo, el Sutpa alertó sobre la falta de presupuesto y facultades para cobrar peajes o realizar obras, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de esos empleos.

El sindicato expresó que ni la empresa ni el gobierno han ofrecido soluciones claras respecto a las indemnizaciones y el futuro de los trabajadores afectados.

Desde el Sutpa, reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y exigen el cese inmediato de las amenazas. Además, piden una pronta negociación paritaria que permita resolver los conflictos salariales y laborales que afectan al sector.

El gremio también advirtió sobre las posibles repercusiones legales por cualquier intento de represalia por ejercer el derecho a huelga, un derecho fundamental garantizado por la legislación nacional e internacional.