El Gobierno argentino oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas y autopistas. Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, el sector privado asumirá la gestión de obras y conservación a cambio de la recaudación por peajes.

Adorni detalló que la administración anterior dejó las rutas en condiciones críticas. «Al asumir, el 45% de las rutas gestionadas por Corredores Viales estaban en mal estado o en situación crítica. Había contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% en relación con la tarifa técnica. Además, la empresa cerró 2023 con pérdidas acumuladas de 268.000 millones de pesos y deudas con proveedores por 142.000 millones», afirmó.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de organizar el proceso de selección y concesión a empresas privadas. Según el Gobierno, la privatización permitirá una mayor eficiencia en la ejecución de obras y precios más competitivos al eliminar restricciones impuestas por la Ley de Obra Pública.

Los tramos de rutas que serán privatizados

El plan contempla la concesión de múltiples tramos de rutas nacionales y autopistas:

• Tramo 1: 797 km en las rutas 9 y 34, entre Jujuy y la frontera entre Santiago del Estero y Santa Fe.
• Tramo 2: 90 km en la provincia de Buenos Aires, entre Pergamino y Junín.
• Tramo 3: de la frontera con Brasil, que corre de Misiones a Saénz Peña, en Chaco, en tres segmentos. Se trata de 933 km en las rutas 12 y 16, y cuenta con seis estaciones de peaje (Colonia Victoria, Gral. Belgrano, Ituzaingó, Makallé, Riachuelo, Santa Ana)
• Tramo 4: 687 km en la Ruta 8, desde Pilar (Buenos Aires) hasta Villa Mercedes (San Luis), atravesando Córdoba y Santa Fe.
• Tramo 5: son 664 km que van de la frontera entre Santiago y Santa Fe hasta San Lorenzo (Santa Fe) y de Santo Tomé (Santa Fe) a Río Primero (Córdoba). Son cuatro peajes (Ceres, Devoto, Franck y San Vicente)
• Tramo 6: 720 km entre Campana (Buenos Aires) y San Lorenzo (Santa Fe), pasando por Rosario y Pilar (Córdoba).. Incluye los peajes de Carcañá, Gral. Lagos, James Craik y Zárate.
• Tramo 7: 671 km en la provincia de Buenos Aires, conectando Cañuelas con Saladillo, la Ruta 226 y Olavarría con Mar del Plata.
• Tramo 8: recorre Acceso Oeste en Buenos Aires hasta la frontera con San Luis, y desde Mendoza hasta la otra frontera con San Luis por la Ruta 7 Si bien no incluye San Luis, pasa por Córdoba y el sur de Santa Fe. Peajes en La Paz, Junín, Vicuña-Mackena y Villa Espil.
• Tramo 9: 50 km de autopistas en el conurbano bonaerense, incluyendo Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.
• Tramo 10: 546 km de la Ruta 5, desde Luján (Buenos Aires) hasta Santa Rosa (La Pampa). Tiene peajes en 9 de Julio, Olivera y Trenque Lauquen.
• Tramo 11: 2.650 km de rutas sin concesión actual, abarcando diez provincias.Las rutas nacionales en cuestión son la 3, 7, 11, 18, 33, 35, 66, 1V66, 105, 188, 205 y 266.

El Gobierno anunció la inminente publicación del decreto «Burocracia Cero», con el objetivo de eliminar normativas que obstaculicen la actividad económica. Se ordenará a todas las entidades del sector público realizar, en 30 días, un relevamiento de regulaciones innecesarias. La medida estará bajo la supervisión del Ministerio de Regulación y Transformación del Estado.

Avances en la privatización de Aerolíneas Argentinas

El Ejecutivo destacó que, por primera vez en su historia, Aerolíneas Argentinas no solicitó asistencia financiera al Tesoro Nacional. Adorni atribuyó esta situación a los ajustes implementados en la compañía, que incluyeron la reducción del 15% del personal, eliminación de 50 cargos jerárquicos, ocho direcciones y 20 gerencias. Estas medidas, según el vocero, son pasos esenciales para la privatización de la aerolínea.

La privatización de Corredores Viales S.A. marca un nuevo rumbo en la gestión de la infraestructura vial del país, con el sector privado asumiendo un rol clave en su mantenimiento y financiamiento. Mientras el Gobierno avanza con su plan de desregulación y privatizaciones, el debate sobre el impacto de estas decisiones sigue abierto.